ABC.es > Domingo, 29 de octubre de 2006 - Ir al editorial en ABC.es

La implantación de organizaciones integristas musulmanas en España es constante y ha alcanzado ya un nivel que ha convertido el territorio español en una de las principales bases logísticas del fundamentalismo islámico en Europa. La predilección por España no se basa sólo en el recuerdo de Al-Andalus -icono del irredentismo que propagan los doctrinarios de Al-Qaeda-, sino también en su proximidad al norte de África y en la generosa política de inmigración.

Algunos de esos grupos son claramente terroristas, como el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, recientemente convocado por Al-Qaeda para que atente en Francia, el Grupo Islámico Combatiente Marroquí y Takfir Wal Hijra («Anatema y Exilio»). Otros se dedican a la captación y el adoctrinamiento de inmigrantes musulmanes, principalmente magrebíes, con finalidades también integristas, pero sin apelación a la violencia. Este es el caso de la organización radical «Justicia y Espiritualidad», la cual se ha instalado principalmente en la Comunidad de Murcia, desde donde dirige su actividad proselitista a los más de 50.000 musulmanes de la región. Su objetivo es promover una revuelta pacífica que derroque a la Monarquía alauí e instaure en Marruecos el califato, es decir, la autoridad suprema religiosa para toda la comunidad islámica (umma), que fue derogada en la segunda década del siglo XX por el régimen laico de Turquía. «Justicia y Espiritualidad» es una formación ilegal en Marruecos, pero tolerada y con un creciente apoyo popular que podría llevarla a ser la más votada en unas elecciones libres.

La insatisfacción social con el régimen de Rabat y los servicios asistenciales, educativos y sanitarios que este grupo radical ofrece a la población marroquí (como Hamás en Palestina, la Hermandad Musulmana en Egipto o Hizbolá en Líbano) explican el respaldo a «Justicia y Espiritualidad», no descartándose que también se planteen esta acción humanitaria con la población musulmana que radica en las zonas donde se ha implantado.

Trascendiendo el hecho de que este grupo no predica el uso de la violencia -lo que supone una diferencia sustancial con otros que operan en suelo español y que se dedican, por ejemplo, a financiar el terrorismo islamista-, la situación general de España como santuario del fundamentalismo musulmán es muy preocupante. Los llamamientos a evitar juicios genéricos sobre las poblaciones musulmanes radicadas en Europa están plenamente justificados, porque tales juicios acaban generando xenofobia. Pero lo contrario, es decir, negar la imbricación de grupos terroristas con grupos religiosos radicales y de éstos con amplios sectores de la inmigración musulmana, acaba produciendo indefensión e inseguridad para la sociedad en su conjunto. 

La experiencia y el conocimiento que ya se tienen sobre el funcionamiento de grupos islamistas que se presentan como organizaciones humanitarias y educativas demuestran que, o bien encubren aparatos de captación para el terrorismo integrista, o bien generan creyentes fanáticos dispuestos a enrolarse en Al-Qaeda o en cualquiera de sus grupos franquiciados.

Los atentados de Londres y Madrid probaron la facilidad con la que una doctrina radical sobre el islam puede empujar a un musulmán a utilizar la violencia. Desgraciadamente, no hay nada especulativo ni teórico en estos temores, fundados en datos tan objetivos como que la autoría de los atentados del 11-M o del 7-J corresponde a musulmanes que disfrutaban de las libertades y derechos de la sociedad a la que atacaron. Temores que comparten todos lo servicios de inteligencia internacionales occidentales, conocedores, igualmente, del papel estratégico que representa España para el terrorismo integrista mundial y que emplaza al Gobierno español a una tensión permanente de seguimiento y control de todos los grupos radicales que operen en nuestro territorio.